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En virtud de un plan urbanístico aprobado en 2004, el Ayuntamiento (a través de la antigua Gerencia de Urbanismo) pretende derribar la casa. El pretexto: una superficie de 5,98 m2 que se interpone en el diseño de la acera contemplada por el plan.

Sin embargo, el verdadero motivo del derribo se adivina nada más observar la zona. Detrás de la casa hay un solar que, en caso de ejecutarse el derribo, dejaría una amplia parcela urbanizable junto a la calle Ofelia Nieto, una zona que en los últimos años ha sufrido un fuerte proceso de remodelación. Aunque el Ayuntamiento sea el responsable de la expropiación, la parcela está catalogada como zona residencial de vivienda privada, por lo que el único beneficiario será la inmobiliaria que la adquiera. Una oportunidad perfecta para la especulación, en la que las instituciones públicas ponen una alfombra roja al interés privado, pasando por encima de la vida de tres familias.

Pero ¿cuál será el futuro inmediato del terreno expropiado? Probablemente, similar al de otra parcela situada frente a la casa, que lleva más de cinco años abandonada con un cartel de "se vende". Todo indica que derribarán la casa para dejar un descampado, esperando a que se presente una oportunidad propicia para hacer negocio.

Desde la aprobación del plan de urbanismo en 2004, la familia lleva pleiteando sin descanso para preservar su hogar. Los diferentes recursos y medidas cautelares han sido desestimados en todas las instancias, por lo que la vía judicial se ha agotado. Aunque el Ayuntamiento se inscribió el terreno a su nombre en 2010, la familia sigue pagando todas las tasas y cargas, y ha tenido que costear unos 4.000 euros de las obras derivadas de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). El Ayuntamiento les obliga a pagar las obras de una casa que reclama como suya y pretende derribar, poniendo todo tipo de trabas técnicas para intentar que desistan ante el laberinto burocrático.

El primer intento de desalojo se suspendió en septiembre de 2012, gracias a las medidas cautelares interpuestas por la abogada. Sin embargo, un mes después se presentaron en la casa una funcionaria, dos policías y un hombre que se negó a identificarse. Actuando como matones, aporrearon la puerta y trataron de desalojarles sin orden judicial, alegando que "no la necesitaban". La familia se negó a marcharse y dio un paso más en su lucha, acudiendo al grupo de vivienda de la asamblea popular de Tetuán.

Los Gracia González se niegan a aceptar la indemnización que les ofrece el Ayuntamiento porque, además de ser ridícula, tienen claro que su objetivo es permanecer en su hogar de toda la vida. Una casa y una vida que, si no lo evitamos, se vendrá abajo por menos de seis metros cuadrados.

Este caso no es más que un ejemplo del proceso de remodelación que sufre nuestro barrio y de los intereses a los que sirve. La zona de Ofelia Nieto y Paseo de la Dirección, poblada de casas bajas, representaba el paisaje tradicional de Tetuán. Progresivamente, éstas han sido derribadas a través de planes urbanísticos diseñados para satisfacer los intereses de la especulación inmobiliaria. La casa de los Gracia González resiste entre bloques de nueva construcción que nadie quiere comprar tras el estallido de la burbuja y es un testimonio de lo que fue nuestro barrio. Un barrio popular levantado con el esfuerzo de generaciones de trabajadores, arrasado para transformar su paisaje de casas unifamiliares en una muralla de bloques que ha permitido multiplicar las oportunidades de negocio. Por eso defender la casa de los Gracia González es defender el pasado, presente y futuro de nuestro barrio.

El barrio, para los vecinos.