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Una compañera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Menorca ha recibido una sanción económica de Delegación del Gobierno por la última acción de la PAH del pasado 23 de Septiembre. Se notifica que la sanción podría ser de 301€. La acción consistía en la entrega conjunta de escritos a los Juzgados de Maó para pedir la paralización de los procesos de ejecución hipotecaria porque vulneran los Derechos Humanos, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las administraciones tienen que dar soluciones a las personas que, a causa de la pérdida de ingresos, se enfrentan a quedarse sin casa y con una deuda enorme. Hay que sumarle las dificultades de la mayoría de las personas afectadas para cubrir sus necesidades más básicas. Todo esto, por mucho que intenten silenciarlo, está pasando en Menorca, y pasa sin que desde los Ayuntamientos, el Consell o el Govern se les ofrezca ninguna alternativa habitacional ya que las políticas de vivienda pública brillan por su ausencia. Sabemos que nuestras acciones son incómodas porque hacen visible una realidad desagradable fruto de políticas que, por activa o por pasiva, nos han traído hasta aquí.

Con esta sanción no sólo se pretende asustar y desmovilizar a la sancionada, o a la PAH, sino a cualquiera que tenga la intención de protestar, reivindicar o, en definitiva, rebelarse ante situaciones injustas. Entendemos que no es sólo una multa a la PAH, sino el intento de silenciar, intimidar, criminalizar y reprimir la movilización ciudadana en todas sus expresiones. Por ello hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a los movimientos sociales, entidades y organizaciones de Menorca a denunciar esta estrategia de Delegación de Gobierno dirigida a neutralizar la acción de la ciudadanía organizada. Si el gobierno pone un precio individual a la protesta colectiva, nuestra respuesta debe ser aún más colectiva.

Anunciamos también que no conseguirán desmovilizarnos. No nos queda otra opción, por el momento, que seguir organizándonos y luchando colectivamente. Y lo seguiremos haciendo. No tenemos miedo y tenemos razón. Nuestra lucha no es sólo legítima, sino que es un imperativo ético.