IBI
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto encuadrado en el sistema tributario local de España, de exacción obligatoria por los ayuntamientos, que grava el valor de la titularidad dominial y otros derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles localizados en el municipio que recauda el tributo. Su gestión se comparte entre la Administración del Estado y los Ayuntamientos.
Su carácter real se deduce del gravamen que hace sobre la titularidad de los inmuebles o sobre los derechos que recaigan en los inmuebles, independientemente de qué sujeto ocupe su titularidad. Tiene además carácter objetivo, derivado de una cuantificación de la carga tributaria que atiende exclusivamente al valor del objeto, y no a las circunstancias de los sujetos pasivos.
El hecho imponible está constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.
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[editar] Exención del pago por parte de la Iglesia Católica en España
A principios de 2012 el gobierno italiano presidido por el tecnócrata Mario Monti decidió exigir a la jerarquía eclesiástica católica el pago del impuesto de bienes inmuebles, del que hasta entonces estaba exenta, dentro de las medidas adoptadas por su gobierno para reducir el enorme déficit público italiano, que había colocado al país al borde la intervención de la UE y del FMI como había sucedido ya con Grecia, Irlanda y Portugal, y también podía sucederle a España.[1]
En España desde hacía tiempo Izquierda Unida venía reclamando la supresión de los "privilegios fiscales" de la Iglesia Católica (singularmente la exención del pago del IBI), algo inadmisible, según IU, en un Estado aconfesional como el español, pero ni el gobierno popular de José María Aznar, ni el socialista de Rodríguez Zapatero asumieron la propuesta. Algunos alcaldes también habían planteado el tema, como cuando el de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón del Partido Popular, afirmó a principios de 2011 que su ayuntamiento cada año dejaba de percibir 94 millones de euros por la exención del IBI a la Iglesia Católica. Los cálculos de los expertos sitúan esa merma en las arcas públicas entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros en toda España.[1]
En mayo de 2012 el PSOE, que durante sus años de gobierno rechazó las propuestas de IU, anuncia que presentará una moción en todos los ayuntamientos (gobierna en 2.500) para que cada uno elabore un censo con los inmuebles que son propiedad de la Iglesia, con el objeto de cobrar el IBI por aquellos que no estén destinados al culto, que según el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 1979 son los únicos exentos (“Tendrán derecho a la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana los templos y capillas destinados al culto, y asimismo sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral"), lo que quedó recogido en el artículo 63 de la Ley de Haciendas Locales 2/2004 y La Ley de Mecenazgo de 2002, que establece que estarán exentos del IBI las entidades sin fines lucrativos.[2]
Y por otro lado proponen revisar las exenciones del IBI de otros inmuebles de la Iglesia Católica también recogidas en los acuerdos de 1979 (“La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas. Los locales destinados a oficinas de la Curia Diocesana y a oficinas parroquiales. Los seminarios destinados a formación del clero y las universidades eclesiásticas cuando impartan disciplinas eclesiásticas, así como los conventos o institutos de vida consagrada”). No estaba claro si incluirían en su propuesta la exención del pago del IBI de que gozan los colegios privados religiosos concertados, un aspecto que no tocó el Acuerdo del Estado Español con la Santa Sede, pero que sí desarrolló la Ley de Haciendas Locales, cuyo artículo 63.2.a dice que estarán exentos del pago del IBI, previa solicitud, aquellos inmuebles que “se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada”.[2]
Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del nuevo gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, se opuso a la propuesta del PSOE, a pesar de lo que había manifestado cuando fue alcalde de Madrid. En unas declaraciones hechas a la Cadena SER el ministro defendió las exenciones fiscales a la Iglesia Católica con el argumento de que ésta opere en igualdad de condiciones con otras confesiones religiosas y organizaciones no gubernamentales a las que se aplican ahora las mismas exenciones fiscales en función de la Ley de Haciendas Locales de 2004 y de la Ley de Mecenazgo de 2002.[2]
Los socialistas por su parte argumentaron que hasta ahora la Ley no había sido aplicada con el rigor necesario y su secretario de organización, Oscar López, afirmó: “En las décadas precerentes se ha realizado una aplicación extensiva de esa exención, de forma que ha alcanzado a bienes e inmuebles no estipulados por la ley vigente (...) Este beneficio fiscal se ha extendido incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los Ayuntamientos... No se trata de ir contra nadie, se trata de que todo el mundo haga un esfuerzo y la Iglesia, también. En estos momentos de crisis en los que todo el mundo tiene que hacer esfuerzos y todos los ciudadanos tienen que hacer esfuerzos, la Iglesia también tiene que hacerlos”.
El Partido Popular rechazó la iniciativa socialista y contestó que ahora “no es momento de demagogia sino de reformas para salir de la crisis”.[2] “Lo más sorprendente es que lo haga después de haber estado 20 años en el Gobierno”, les recordó el presidente Mariano Rajoy, y añadió que “con la que está cayendo” no le parece oportuno, y que no tiene “ninguna intención” de modificar los acuerdos con la Santa Sede, vigentes desde 1979. Por su parte la Conferencia Episcopal, presidida por el cardenal Rouco Varela, reaccionó acusando a los partidos políticos y a los sindicatos de estar también exentos del IBI. Estos respondieron inmediatamente negándolo. “De Génova [sede principal del PP], desde luego que sí pagamos el IBI”, dijo Rajoy. Lo mismo dijeron el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba (“Pagamos religiosamente”, ironizó), Cayo Lara, coordinador general de IU (IU paga el IBI “como todo hijo de vecino”), y los portavoces de UGT y CCOO.[3]
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[editar] Véase también
[editar] Referencias
- Este artículo incluye contenido de la página «Impuesto sobre Bienes Inmuebles» de Wikipedia (CC-BY-SA).
- ↑ a b Juan G. Bedoya. «Jaque al paraíso fiscal», El País, 26 de febrero de 2012.
- ↑ a b c d «Gallardón defiende las exenciones a la Iglesia frente a la exigencia del PSOE», El País, 28 de mayo de 2012.
- ↑ «Rajoy rechaza pedir IBI a la Iglesia "con la que está cayendo"», El País, 29 de mayo de 2012.
