Déficit

Déficit es la situación en la que se encuentra una entidad que gasta más de lo que ingresa, en un intervalo de tiempo dado (por ejemplo, un año: déficit anual). Es la situación opuesta al superávit. Para poder continuar funcionando, la entidad en déficit se ve obligada, bien a consumir parte de sus reservas, si las tiene, o bien a endeudarse (o un poco de cada).

Puede darse un déficit de tesorería, cuando, con independencia de que contablemente haya déficit o superávit, se retrasan los cobros correspondientes a los ingresos, de forma que en un momento dado no hay liquidez para operar a corto plazo. En lo que sigue no se considera este caso.

El déficit puede ocurrir puntualmente, por alguna circunstancia no recurrente, en cuyo caso no suele ser un problema serio. Si por el contrario se repite, puede decirse que hay un déficit estructural, lo que a medio o largo plazo solo puede resolverse mediante aumento de ingresos y/o reducción de gastos, o sea equilibrando las cuentas. Pero muchas entidades no consiguen hacerlo y se quedan en un estado crónico de déficit, que financian pidiendo nuevos préstamos, que cada año van engrosando la deuda. De hecho, es frecuente hablar de déficit y de deuda indistintamente, como si fueran lo mismo, ya que son cosas que suelen ir asociadas. El déficit es la causa, y la consecuencia, que es la deuda, es donde se manifiesta el problema. Como el dinero que se recibió prestado en el pasado hay que devolverlo en algún momento, para poder hacerlo se piden nuevos préstamos, además de para poder cubrir el nuevo déficit. Mientras la entidad conserva su solvencia, se encuentran prestamistas (bancos, los mercados de bonos...). De esta forma, si la deuda acumulada en ejercicios anteriores es D, y en el presente ejercicio el déficit (gastos menos ingresos) es d, al acabar el ejercicio la deuda asciende a D + d.

¿De qué entidades estamos hablando? El concepto vale para familias, empresas, administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado), etc. También se aplica a organismos e instituciones, como pueden ser, en España, el Sistema Nacional de Salud o la Seguridad Social, de carácter público, o a complejos con participación público-privada, como nuestro sistema eléctrico, etc.

En una situación de déficit crónico, conforme ejercicio a ejercicio (digamos año a año) aumenta la deuda, aumenta también su coste en concepto de intereses. Este coste se añade al capítulo de los gastos, lo que agrava el problema, pues al haber más gastos aumenta el déficit del ejercicio siguiente, y así sucesivamente. Si el desequilibrio no se corrige, la deuda acumulada alcanza un tamaño tal que los acreedores empezarán a dudar de la solvencia de la entidad, y para compensar el mayor riesgo de prestarle más dinero pedirán por él intereses más altos, lo que a su vez causará más gastos, y así en círculo vicioso. A un cierto punto, a la entidad se le puede llegar a negar el crédito, de forma que no pueda seguir funcionando normalmente. Entonces deja de pagar, al menos en parte y temporalmente, salarios, suministros, intereses y/o impuestos. Para poder seguir, debe cambiar radicalmente la forma de operar, pero puede ocurrir que este cambio ya no tengan ocasión de hacerlo los antiguos gestores, sino que lo impongan unos nuevos, que es lo que ocurre cuando la entidad ha sido intervenida.

Los nuevos gestores, impuestos por una autoridad (por ejemplo un juez, en el caso de una empresa en situación de "concurso de acreedores"), podrán intentar que la entidad sobreviva. Cuando es así, podrán hacer ajustes, que podrán ser drásticos, incluso reduciendo el tamaño de la entidad o desmembrándola en varias partes separadas; y en relación con la deuda acumulada podrán reestructurarla (alargando plazos de devolución, reduciendo tipos de interés, introduciendo periodos de carencia en que solo se pagan intereses...), incluso podrán perdonar parte de ella (quita) y/o aportar nuevo dinero. Pero también puede ocurrir que se desentiendan del futuro de la entidad y se preocupen solo de que los acreedores recuperen cuanto antes lo más posible del dinero que le prestaron, procediendo para ello, por ejemplo, a liquidar su patrimonio, o parte de él. Obviamente en este caso las consecuencias, p.ej. en términos de empleo, son mucho peores.

Estos objetivos contradictorios pueden darse simultáneamente, como en el reciente rescate a Grecia por la "Troika", en el que en realidad se rescató a los bancos que habían prestado dinero a ese país, para que recuperasen lo más posible de él, y a cambio fueron los Estados donde operan esos mismos bancos los que asumieron las deudas, y prestaron aún más capital, pero bajo la condición de que el gobierno griego, sometido no ya a su compromiso con los ciudadanos que lo eligieron democráticamente, sino a la autoridad real de unos "hombres de negro" enviados por las instituciones financieras de la Unión Europea y por el Banco Mundial, impusieran severos recortes en el gasto (educación, sanidad, pensiones, políticas sociales) y duras subidas de impuestos. Nota: a la hora de escribir esto, diciembre de 2014, el rescate de Grecia no ha acabado, y aún no se sabe cómo acabará, con una población muy hastiada que pronto tendrá una nueva cita electoral.

A nivel de país, situaciones así se han vivido muchas, incluso recientemente, sobre todo en países en vías de desarrollo, como muchos sudamericanos. Entre ellos, el caso de Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa es un ejemplo de rebeldía contra las imposiciones de los acreedores, denunciando como "deuda ilegítima" una parte de la contraída por gobiernos anteriores, e ignorando las amenazas de los acreedores de que, en caso de no someterse a sus dictados, se le cerrarían al país las fuentes de crédito. No obstante, si esta actitud triunfó quizá fue solo por la coincidencia de que Ecuador pudo explotar oportunamente su gran riqueza petrolífera.

En general, ante una situación de deuda acumulada muy grande, y de negativa de las instituciones financieras y de los mercados a aportar nuevo crédito, se puede llegar a la liquidación total y a la desaparición de la entidad. Pero hay casos, como los mencionados donde la entidad que no puede pagar el servicio de su deuda es un gran Estado nacional, en que esta salida puede ser prácticamente inviable (la misma España incurrió en impago, "default" en inglés, en varias ocasiones a lo largo de los siglos, las últimas en el XIX, aparte de cuando Franco ganó la guerra civil de 1936-39 contra la República y se negó a pagar la deuda que ésta había contraído).

Otro ejemplo reciente de entidades que es muy difícil dejar que desaparezcan por una quiebra es el de los grandes bancos, que al hacerlo arrastrarían a otros y a la economía en general. Por su importancia en el sistema, a estos bancos se los llama "sistémicos". Fue significativa la excepción que se hizo en los EE.UU. con el Lehman Brothers, al que se dejó quebrar en 2008, lo que agravó notablemente la crisis financiera internacional que había comenzado el año anterior. En Europa, fueron muchos los bancos considerados "sistémicos" que, ante su inminente quiebra, fueron rescatados con dinero público (al principio de la crisis en otros países; con mucho retraso en España), lo que a su vez acentuó el problema del déficit y de la deuda pública de los Estados.

A nivel de un país, es normal hablar del "déficit público", que es la suma de los déficit del conjunto de sus instituciones públicas (sobre todo del Estado, pero también de otros organismos como entes territoriales -comunidades autónomas, estados federados...-, ayuntamientos, etc). Igualmente se habla de déficit privado para referirse al desequilibrio financiero agregado de empresas y particulares. Sin embargo, estas clasificaciones no son perfectamente claras. Por un lado ya hemos visto como en los últimos años en Europa se ha transferido mucha deuda privada al sector público, al rescatar bancos, y otras entidades privadas, con dinero público. Por otro lado, a fin de maquillar las cuentas de las instituciones públicas aparentando un nivel de deuda menor que el real (con el fin, como se ha indicado, de abaratar intereses y acceder con más facilidad a ayudas y préstamos), se hacen trampas traspasando deuda pública desde organismos oficiales, como por ejemplo un Estado o un ayuntamiento, a empresas que son de su propiedad, en todo o en parte, pero que contablemente hacen como que son algo separado.

A la hora de valorar una situación de déficit y de deuda, influyen muchas variables, de forma que no se puede generalizar un juicio sobre si es buena o mala. Incurrir en déficit está bien si se gasta dinero en inversiones productivas que incrementarán la riqueza, o si el dinero que no se ingresa tampoco se va en gastos improductivos. Si se hace al revés, incurrir en déficit está mal. Pero estas reglas tan básicas valen desde un punto de vista puramente económico, y sin embargo es legítimo preguntarse si el criterio económico es el único que debe tenerse en cuenta, sobre todo cuando hablamos de instituciones públicas, cuya finalidad en principio no es ser rentables sino dar servicio a los ciudadanos.

En concreto, y centrándonos ya en el déficit público, el problema se plantea en términos políticos e ideológicos, porque, según la posición de cada uno, los principios que deben regir y las decisiones que deben tomarse son distintas. Simplificando, las posturas políticas en relación con el déficit público pueden resumirse así:

• Ortodoxia "liberal" (nota: el adjetivo "liberal", cuando se usa en el ámbito económico, en particular en Europa, tiene un significado que tiene poco en común con el tradicional, más orientado a las libertades en el ámbito moral y social, y que es el que se sigue usando en los Estados Unidos; en Europa, quien hablando de economía se llama a sí mismo "liberal" reclama y promueve la libertad, como dice la palabra, pero en el sentido de que el Estado, y en general los poderes públicos, intervengan lo mínimo posible, con sus regulaciones e impuestos, en la vida económica, de forma que las empresas puedan operar casi sin restricciones, por ejemplo importando y exportando bienes y servicios sin tener que pagar tasas aduaneras, contratando y despidiendo personal sin sujetarse a leyes de protección de los trabajadores, etc; para referirse a este concepto, sus detractores suelen usar el término "neoliberal"). Los seguidores de esta escuela cuestionan el derecho de los gobernantes y legisladores a que hagan incurrir en déficit a las instituciones públicas, primero porque desean que el tamaño de éstas sea pequeño, y gasten muy poco, y segundo porque si una institución pública se endeuda está endeudando a sus ciudadanos, y eso es algo a lo que esos gobernantes, según los liberales, no tienen derecho. Además, según su modelo económico, los recursos deben estar en manos de los agentes económicos privados, que harán el mejor uso de ellos, mientras que el gasto público, además de llevar al déficit y a la deuda, requiere cargar con impuestos a las personas y a las empresas más eficientes y activas, impidiendo que rindan al máximo, y esos recursos, gastados en ayudar a los menos eficientes, se desperdiciará. Para los liberales, la función social del Estado debe limitarse a lo mínimo posible, evitando que los que están en peor situación se acomoden a vivir de las ayudas públicas sin intentar mejor por ellos mismos. Este modelo tiene muchos seguidores, pero más en ámbitos académicos (ej. escuelas de Chicago y de Viena) que en la política real. Los Estados Unidos se presentan a veces como los adalides del liberalismo económico, pero sus gobiernos son muy intervencionistas. Estas políticas fueron en cierto modo impuestas a los países sudamericanos que se sumieron en crisis de deuda en las últimas décadas del siglo XX.

• Ortodoxia de modelo híbrido. Se llamaría ortodoxia por su posición contraria a los desequilibrios y a la acumulación de deuda. Como se ha visto, la deuda supone un gasto en intereses que se debe minimizar, y una situación de dependencia que se debe evitar. Ahora bien, el equilibrio buscado puede incluir unos ingresos (impuestos) altos, a la vez que unos gastos también altos. Se hablaría de modelo híbrido por cuanto tanto el sector público como el privado tienen un papel importante en la economía. Un ejemplo de esto podría considerarse la Alemania de la Sra Merkel. Además, dada la posición dominante de ese país en la Unión Europea y en la zona del euro, a los países con más déficit, como España, se nos empuja en esta dirección, y como los sucesivos gobiernos siguen siendo incapaces de aumentar los ingresos por la vía de evitar las distintas formas de fraude fiscal, tanto legales como ilegales, la solución que se nos impone es aumentar los impuestos a los que ya los pagamos (principalmente, los empleados por cuenta ajena). Igualmente, como los gobiernos mantienen unos gastos por encima de los necesarios en el conjunto de las administraciones públicas, en ciertas ayudas a empresas, etc, además de un nivel de corrupción prácticamente generalizado, la solución para reducir los gastos vienen siendo recortar en educación, sanidad, dependencia, pensiones y otras políticas sociales. Solo se relajan estas políticas en época pre-electoral.

• Modelo híbrido con políticas contracíclicas. Durante la fase positiva del ciclo económico, esta postura sería como la anterior, incluso buscando el superávit si es posible, ya que al haber mucha actividad puede recaudarse más en impuestos y hay menos necesidad de gastos. Sin embargo, en situación de crisis, no solo se reducen los ingresos públicos sino que además se disparan los gastos (por eso se dice "contracíclico", gasto público grande en oposición a la fase contractiva del ciclo económico, que en principio aconsejaría que fuera pequeño, como los ingresos). Este aumento de los gastos tiene lugar, primero, porque aumenta el desempleo y por tanto las prestaciones y las ayudas a los que las necesitan, y segundo porque los gobernantes aplican políticas de estímulo a fin de que la economía siga moviéndose, no se hunda el consumo, no se cierren muchas empresas, etc. Se habla de un factor multiplicador, que querría decir que por cada euro que el gobierno inyecta en la economía (a costa de aumentar el déficit público), genera un incremento de la actividad que, si es mayor de un euro, habrá supuesto un beneficio neto para el conjunto del país. Obviamente, la bondad de este modelo depende del acierto que se tenga en cuanto a dónde exactamente se inyecta ese dinero de estímulo. Un ejemplo de fracaso de esta política fue el del Plan E del último gobierno del PSOE, que "quemó" gran cantidad de recursos públicos en intentar sostener la actividad económica con medidas, como obras suntuarias en los municipios, que se agotaban rápidamente sin apenas otro resultado que retrasar unos pocos meses el cierre de algunas empresas y un gran aumento del déficit. En ese caso, está claro que el factor multiplicador fue menor de uno. Por el contrario, el paradigma de este modelo es el que se aplicó, aunque con retraso, en la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado en los EE.UU. Entonces se abordaron grandes obras públicas que realmente estimularon la actividad económica, si bien los detractores alegan que fue la II Guerra Mundial lo que de verdad terminó de sacar al país del agujero. Recientemente se han dado, y se siguen dando, variantes monetarias de estas políticas de estímulo, de distintas maneras en las crisis de los EE.UU., Europa y Japón, consistentes en que sus Bancos Centrales, de una u otra forma, inundan de liquidez las economías de los países, pero con pobres resultados sobre la economía real porque el dinero se queda en el mundo financiero. En EE.UU. hay una débil recuperación, tras varios años de aplicar estas medidas, pero también de beneficiarse de precios más baratos de la energía. En Japón llevan muchos más años sin lograr que haya crecimiento. En la Unión Europea lo que se ha conseguido es ir sacando adelante a un sector bancario que cayó muy hondo, y generar una burbuja de valoración de las acciones de las empresas causada más por el exceso de dinero que circula en el ámbito financiero que por el buen estado real de esas empresas. Mientras, los déficit públicos de los países más afectados por la crisis, como España, siguen siendo altos, aunque quizá algo menos, y por tanto la deuda acumulada sigue creciendo, pero dándose la curiosa circunstancia de que los intereses que estos países deben pagar por la nueva deuda emitida, intereses que llegaron a ser relativamente altos, ahora se han hundido gracias a la confianza de los mercados en que el Banco Central Europeo seguirá haciendo girar la rueda de la liquidez (aunque muchos "ortodoxos" avisan de que esta situación no podrá seguir así más allá de unos pocos años; si tuvieran razón, llegará un día en que los intereses volverán a subir, haciendo entonces insostenible el servicio de la deuda, y entonces todo el sistema saltará por los aires...).

• Heterodoxia. Viene a ser la posición de los gobernantes que llegan al poder de un país cuestionando lo que hicieron sus predecesores, y negando la obligación y la prioridad de servir una deuda cuya legitimidad no aceptan y que supone detraer recursos que deberían servir para el bien del propio país. Esta actitud es más o menos justa según el caso concreto de que se trate. Si un gobierno dictatorial endeuda a su país para, por ejemplo, adquirir armamento que se usa en guerras inmorales o reprimiendo al propio pueblo, o para el enriquecimiento personal de la cúpula en el poder, o si los acreedores extranjeros imponen políticas que suponen un empobrecimiento de la población, que se ve incapacitada para generar riqueza con la que cubrir el déficit, de forma que la deuda aumenta y se convierte en una trampa en la que queda atrapado el país, etc, son casos que pueden considerarse de deuda ilegítima. El arriba mencionado del Ecuador es ejemplo cercano, y, como se ha apuntado, el éxito del Presidente Correa en conseguir una sustancial reducción de los pagos no necesariamente debe atribuirse en exclusiva a su posición heterodoxa. En España, aunque la situación de endeudamiento sea muy distinta, también ha habido una iniciativa para reclamar una auditoría que determine si una parte de la deuda es ilegítima y no debe pagarse. También la habido en el caso del llamado "déficit de tarifa" de la electricidad, por el que se atribuye al conjunto de los consumidores españoles una deuda con las grandes empresas eléctricas (ahora titulizada y en manos de entidades financieras) porque se supone que las facturas que hemos ido pagando durante los últimos años no cubrían los costes del sistema eléctrico, cuando la realidad es que estos costes están hinchados.