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Ofelia Nieto 29 es el nombre de un movimiento de resistencia popular contra la expropiación forzosa de un bloque de pisos en el barrio de Tetuán (Madrid) por parte del Ayuntamiento.
Ofelia Nieto 29 es un caso de expropiación forzosa que comenzó en 2004, cuando el ayuntamiento aprobó un plan urbanístico de remodelación, que consiste en sustituir las viviendas unifamiliares típicas de la zona cercana a la parada de metro Francos Rodríguez por bloques de pisos. Desde entonces han intentado frenar la orden de derribo en los juzgados aunque, hasta el momento, no han tenido éxito. Sin embargo, tampoco existe una sentencia en firme que obligue a la familia Gracia González a marcharse de su propiedad, dividida en tres viviendas separadas en las que viven el matrimonio y sus dos hijas con sus familias.
La adjudicación del plan urbanístico de 2004 del barrio de Tetuán que afecta a la familia Gracia González no es la única de ese año. Según consta en el orden del día de la Comisión Permanente del Pleno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del 20 de octubre de ese año, estaban previstos 36 reconocimientos extrajudiciales de crédito (que permiten realizar abonos de facturas sin expediente, sin aprobación de gasto y sin pasarlo previamente por Junta de Gobierno), 32 de ellos repartidos entre tres de las empresas implicadas con la trama Gurtel y que aparecen en los papeles de Bárcenas. Solo por este concepto FCC recibió en 2004 5,7 millones de euros, Coarsa 4,7 millones y Ortiz Construcciones y Promociones 2,5 millones de euros.
El 13 de agosto de 2013, día anterior al desalojo, algunos de los vecinos ya se habían reunido para acompañar a la familia en una de las peores noches de su vida. El resto llegó por la mañana. Dos ancianos que viven por la zona repartieron octavillas elaboradas en sus casas para invitar a todos los vecinos a que a las 08.00 acudiesen a Ofelia Nieto, 29 a apoyar a la familia Gracia González. Otros tantos que viven cerca de su casa pasaron para preocuparse por el estado de las víctimas de la expropiación y a asegurar que a primera hora irán para evitar una situación injusta. Al ser una propiedad privada, la Policía no puede entrar en la vivienda sin una orden judicial, de la misma forma que el ayuntamiento no puede expropiar la vivienda sin que lo dictamine un juez. “Lo único que les queda es derribar la casa con nosotros dentro“ -reflexionaba el padre de María Luisa- “Digo yo que no se atreverán“.
Miedo y Lucha en Ofelia Nieto, 29... (
El Diario, 14 de agosto de 2013)
Diagonal, 14 de agosto de 2013)
El País, 14 de agosto de 2013)
El Mundo, 16 de agosto de 2013)
El Economista, 18 de agosto de 2013)
La Marea, 20 de agosto de 2013)
Diso Press, 27 de febrero de 2015)
20 minutos, 27 de febrero de 2015)
ABC, 27 de febrero de 2015)
Directa, 28 de febrero de 2015)
Europa Press, 28 de febrero de 2015)
