Criminalización de la protesta social

Acto de intención mediática basado en la descalificación de la otra parte en un conflicto de intereses fundamentalmente a partir de la acusación de violento o quebrantador del clima de convivencia del sistema de organización social existente. Con esta descalificación la otra parte queda calificada de comportamiento ilegal. Esto es utilizado frecuentemente en los tiempos 15M de la política española para tachar negativamente cualquier postura política que critica el orden y parecer oficiales o que va en contra de las intenciones gubernamentales. Esta acusación se focaliza en los calificativos de antisistema y de violento. Cuando se desarrollan las ideas sociales del pensamiento único, eliminación de las diferencias en las clases sociales (al menos en el discurso colectivo) y de la justicia y necesidad de la competitividad social a modo de la competitividad económica, llegamos a la criminalización de cualquier protesta que dibuja o puede dibujar otra forma o posibilidad de hacer política o indica matiz ideológico distinto a lo que se esté haciendo en ese momento. Ya no hace falta que se dé de un modo real niveles de violencia física en esa acción de protesta, ya es suficiente tan sólo el que se de la manifestación de cualquier diferencia, opinión diferente con el poder establecido. Hoy por hoy se entiende oficial y colectivamente que sólo hay un modo de vida occidental y democrática como panacea indiscutible (esta es la esencia que fundamenta la criminalización de la protesta) exportable a cualquier zona del mundo y cultura. Así, la discusión en global o en parte del sistema supone algo fuera del comportamiento «ético» democrático y calificable de antisistema y violento. La democracia, o uno de los pilares básicos de su fundamento ético (la protesta), ya no es real.

Véase también

• Críticas al 15M

Enlaces externos

• http://www.publico.es/espana/429078/interior-considerara-la-resistencia-pasiva-un-atentado-a-la-autoridad
• http://images.eldiario.es/blogs/politica-interesa_EDICRT20121226_0001_3.jpg